La Secretaría de Movilidad de Quito llevó a cabo operativos de fiscalización en varias terminales y puntos de despacho de transporte público el 5 de mayo. De 64 operadoras evaluadas, solo se encontraron siete que mantenían un servicio activo, mientras que 57 no lograron operar efectivamente. Esta falta de cumplimiento ha llevado a que el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, anuncie el inicio de procesos sancionatorios en conformidad con la normativa vigente.
Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las operadoras que no cumplan con sus obligaciones enfrentan multas que pueden alcanzar hasta ocho Remuneraciones Básicas Unificadas. El proceso sancionatorio incluirá la elaboración de informes técnicos y jurídicos, así como notificaciones formales a las cooperativas para que presenten sus justificaciones por la falta de servicio. La administración municipal emitirá sanciones si no hay una respuesta satisfactoria por parte de las operadoras.
Por otro lado, el sistema de transporte municipal, que incluye el Metro, Trolebús y Ecovía, funcionó con normalidad durante el toque de queda. El alcalde Muñoz instó a maximizar la capacidad de traslado y suspendió la medida de Pico y Placa para mejorar la circulación. La administración reitera que el servicio de transporte público no debe verse afectado por decisiones que perjudiquen a los ciudadanos, enfatizando la importancia de garantizar un transporte eficiente.
