El caso Apagón dio un giro internacional cuando Antonio Gonçalves Savinovich pidió al FBI y a FinCEN rastrear unos 110 millones de dólares ligados a contratos de emergencia de 2024. La solicitud busca auditar movimientos de la cuenta de Progen Industries LLC en Miami y determinar quiénes recibieron los desembolsos realizados por Celec EP en Ecuador.
La defensa sostiene que el sistema financiero estadounidense habría servido para canalizar recursos de contratos termoeléctricos en El Salitral y Quevedo, pese a que los motores nunca entregaron energía. Gonçalves también pidió asistencia penal internacional y calificó la acusación como una infamia, mientras la justicia ecuatoriana prepara la audiencia por presunto peculado.
