El bloque ADN llevó a la Fiscalía información sobre la compra de 60 trolebuses eléctricos para Quito y pidió actos urgentes para proteger los registros del proceso. El asambleísta Xavier Ordóñez sostiene que hubo un bypass a la ley de contratación pública y posibles sobreprecios, incluyendo costos adicionales que habrían encarecido la operación municipal.
El informe aprobado en la Asamblea concluye que el acuerdo con UNOPS funcionó como una estructura de ejecución con costos propios y obligaciones definidas, no como simple cooperación técnica. Ordóñez afirmó que existen indicios de desvío de fondos y entregas sin justificación. También defendió que el caso Progen ya está en la Fiscalía.
