La Asamblea Nacional aprobó iniciar una fiscalización sobre el uso de cámaras de Segura EP en Guayaquil, a partir de una moción presentada por el legislador oficialista Andrés Castillo. El proceso se relaciona con el caso Porsche y con audios atribuidos a Rafael Correa, en los que se habría hablado de emplear recursos públicos y cámaras para fines de espionaje político.
La Comisión de Seguridad, donde ADN tiene mayoría, investigará posibles vulneraciones a los protocolos de videovigilancia, pedirá información técnica y convocará a autoridades. El informe deberá elaborarse en un plazo de 60 días. Mientras el correísmo apoyó la fiscalización, también cuestionó la intención política del oficialismo y defendió que su pedido de videos fue un acto legítimo de control.
