
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 26 de febrero de 2026 la ley urgente de minería y energía, presentada por el presidente Daniel Noboa. Con 77 votos a favor, esta ley tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica en el sector minero y energético, combatir la minería ilegal e impulsar el desarrollo económico del país. Se espera que el Ejecutivo sancione o vete la ley en los próximos 30 días.
El debate en la Asamblea mostró posturas divididas, con preocupaciones sobre el impacto ambiental y el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas. Críticos advierten que el proyecto reduce procedimientos ambientales y beneficia a grandes empresas, mientras que sus defensores argumentan que la ley convertirá recursos energéticos y mineros en empleo y desarrollo local, buscando un equilibrio entre sostenibilidad y crecimiento económico.