La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional inició la fiscalización de las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos de Ecuador. La revisión surge tras una resolución aprobada por el Pleno el 23 de junio de 2026 y busca detectar posibles incrementos injustificados de bienes en autoridades locales. Lucía Pozo convocó a los legisladores para formalizar el control político.
La mesa legislativa tendrá 90 días para examinar los patrimonios de funcionarios provinciales y municipales y entregar un informe final. El proceso se realizará con respeto al debido proceso, bajo la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con plazos estrictos. La medida se suma a otras acciones de control de la Asamblea sobre gobiernos seccionales y entidades municipales.
