La Asamblea Nacional inició la fiscalización de los sistemas de videovigilancia de Segura EP en Guayaquil por presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso. La Comisión de Seguridad citó a autoridades del Ejecutivo y la Policía para obtener información técnica sobre el manejo de datos, la operatividad del sistema y posibles responsabilidades administrativas o políticas.
En paralelo, la Comisión analiza reformas para fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado. La propuesta incluye sanciones más severas, recuperación de activos y delitos autónomos vinculados a organizaciones criminales. La Defensoría Pública pidió equilibrar seguridad y debido proceso, mientras el Ejecutivo respaldó los cambios y una criminóloga destacó la necesidad de inteligencia, cooperación internacional y control territorial.
