Ecuador enfrenta una amenaza creciente en el ámbito digital, donde la inseguridad ya no se limita a calles, puertos o aeropuertos. La columna sostiene que la ciberseguridad debe asumirse como parte de la política de seguridad pública. El avance tecnológico, la digitalización bancaria y la migración de servicios estatales a la nube amplían la superficie de riesgo constantemente.
Las recientes alertas sobre posibles robos de datos en entidades públicas como el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito encendieron alarmas sobre filtraciones masivas. Aunque las instituciones niegan vulneraciones directas, el caso evidencia fallas sistémicas en trazabilidad, protección y segmentación de datos. Además, la inteligencia artificial también potencia ataques y estafas más sofisticadas.
