
Cuatro empresas procesadas en el caso Triple A presentaron en la audiencia de juzgamiento peritajes y testimonios para desligarse de la acusación por presunto tráfico ilegal de hidrocarburos. La defensa sostuvo que las operaciones de diésel premium observadas en estaciones vinculadas se mantuvieron dentro de parámetros normales, según el análisis de actas de control, pruebas de presión y registros técnicos.
La Fiscalía y la ARCH objetaron parte de la prueba al señalar que algunas estaciones no figuran en la causa penal. El juicio sigue contra 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por un presunto perjuicio estatal de 61,5 millones de dólares relacionado con 22,7 millones de galones de combustible. La audiencia continuará el 24 de julio.