Cinco exagentes de la Policía Nacional de Ecuador fueron sentenciados tras admitir su participación en la venta ilegal de municiones de dotación a bandas criminales. El caso, conocido como Depuración Azul, reveló una red de corrupción dentro de los rastrillos policiales, donde los custodios de bodegas de armas desviaban material para comercializarlo con organizaciones delictivas.
La investigación fiscal se apoyó en interceptaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp y Telegram que permitieron identificar a los implicados y a un exuniformado que actuaba como enlace. El juez impuso penas de hasta 28 meses de cárcel, además de restricciones para acercarse a dependencias policiales y la obligación de ofrecer disculpas públicas como reparación.
