El alegato de clausura en el caso Sinohydro arrancó con contradicciones y debilidades probatorias. La Fiscalía sostuvo que Sinohydro pagó 75 millones de dólares a Recorsa, pero no logró demostrar de forma sólida que ese dinero constituyera soborno ni que existiera un funcionario público beneficiado. El fiscal insistió en una teoría colectiva sin individualizar conductas relevantes.
Durante la audiencia, la acusación perdió fuerza al no justificar elementos esenciales del cohecho y al omitir pruebas directas sobre el destino ilícito de los fondos. Además, retiró cargos contra una procesada tras verificarse reembolsos y ausencia de firmas clave. La defensa cuestionó la base jurídica del caso y la consistencia de la investigación fiscal.
