El gobierno intervino el concurso para definir la sede del nuevo Museo Nacional del Ecuador y reemplazó el proyecto ganador inicial. Se anuló el resultado original, se cambió la dinámica de selección y se abrió una votación ciudadana entre tres finalistas. La medida generó cuestionamientos por presuntas presiones políticas, cambios abruptos en el proceso y falta de transparencia en la decisión final.
La controversia se centra también en el valor del terreno y su entorno urbano. El espacio previsto para el museo está rodeado por un gran desarrollo inmobiliario, lo que alimentó sospechas sobre intereses privados detrás del rediseño del proyecto. Además, salieron del proceso funcionarias y técnicos vinculados al diseño original, mientras el nuevo concurso avanzó con criterios cuestionados por su rapidez y composición.
