El Ministerio del Interior de Ecuador ha implementado protocolos de protección para salvaguardar la integridad del juez Jairo G., quien está a cargo del caso Goleada. Esto se ha llevado a cabo debido a supuestas amenazas relacionadas con Aquiles Álvarez, un implicado en este caso. La medida fue adoptada tras una solicitud y una evaluación de riesgos que buscaba proteger a operadores del sistema judicial.
La decisión del Ministerio busca garantizar la seguridad del magistrado y se enmarca en las competencias institucionales asignadas al organismo. Se ha actualizado el análisis de riesgo personal del juez y se han activado inmediatamente los protocolos necesarios. Este caso involucra serias acusaciones sobre un esquema de evasión tributaria y el uso indebido de recursos estatales en la comercialización de combustibles.
