El 20 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), lo que obligará al Municipio de Quito a revisar su presupuesto en aproximadamente 459 millones de dólares. Esta modificación redefine lo que se considera inversión pública, excluyendo sectores vinculados al desarrollo social y urbano, esencialmente limitando la capacidad de contratación de personal y la transferencia de recursos a empresas públicas y organizaciones locales que implementan programas en territorio.
La eliminación de las partidas 71 y 78 en el presupuesto afectará directamente la inversión en áreas críticas como salud, educación y cuidado social, donde el recurso humano es fundamental. El alcalde de Quito ha expresado su preocupación por el riesgo que esto implica para los programas sociales y ha indicado que el Municipio buscará alternativas para enfrentar las implicaciones de esta reforma.
Ante esto, el Concejo Metropolitano de Quito ha aprobado una resolución para que la Procuraduría interponga acciones legales contra la reforma, argumentando que presenta vicios de inconstitucionalidad. Los concejales destacan que la normativa vulnera la autonomía los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no cumple con el carácter de urgencia económica esperado y afecta el derecho a la participación ciudadana durante su aprobación.
