El sector empresarial mantiene un bajo perfil frente al Gobierno en un contexto de irregularidades, cuestionamientos por la falta de independencia entre instituciones, corrupción y acoso a la prensa. Ese silencio, asumido por algunos gremios como prudencia para evitar choques, puede terminar legitimando prácticas nocivas y debilitando la capacidad de presión sobre decisiones públicas.
La responsabilidad no recae solo en los empresarios. El Gobierno también debe impulsar consensos, escuchar a los sectores productivos y fortalecer el diálogo institucional. Cuando se normaliza la ausencia de voces críticas, se erosionan los cimientos de la estabilidad política y económica futura, incluso para la actividad empresarial que depende de reglas claras y confianza.
