Unidad Popular de Ecuador anunció una ofensiva legal tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de cancelar su personería jurídica. Su dirigente, Geovanni Atarihuana, calificó la medida como un golpe a la democracia y sostuvo que fue emitida fuera del plazo legal. El movimiento apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral.
La organización también presentará una acción de inconstitucionalidad y no descarta acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Mientras el CNE afirma que la agrupación no acreditó los afiliados requeridos, Unidad Popular asegura contar con una base sólida y acusa motivaciones políticas. El caso impacta el escenario electoral ecuatoriano.
