La Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley Orgánica de Extradición, que reemplaza la norma vigente desde 2000. El trámite completo tendrá un máximo de tres meses. El Estado requirente dispondrá de 60 días para formalizar la solicitud y otros 30 para concretar el traslado. La Corte Nacional seguirá revisando legalidad, pero el Presidente decidirá la entrega final.
La reforma aplica a ecuatorianos por delitos cometidos desde el 9 de mayo de 2024 y a extranjeros requeridos por delitos transnacionales. También permite expulsar a quienes cometan delitos en Ecuador y prohíbe su retorno durante 40 años. Ecuador negará la extradición si existe riesgo de pena de muerte, tortura, persecución política o violación constitucional. Terrorismo y lesa humanidad quedan fuera de la protección política.
