La carta aborda la crisis de movilidad en Quito y Guayaquil, con críticas al maltrato de conductores, al alza de tarifas y a la falta de control en el transporte urbano. El autor pide declarar emergencia, subsidiar el sistema, integrar rutas privadas y públicas, y exigir mejoras como rampas, aire acondicionado y sanciones más severas.
También propone una gestión municipal y estatal más firme, con controles a motocicletas, reducción de emisiones y presencia policial en buses para mejorar la seguridad. Además, insiste en infraestructura amigable para ciclistas y peatones, como pasos cebras mejor ubicados y rutas seguras, con el objetivo de disminuir el uso del automóvil y ordenar la ciudad.
