
Estudiantes, docentes y autoridades de universidades públicas argentinas marcharon en Buenos Aires y otras ciudades para reclamar más fondos frente al ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei. La protesta reunió también a sindicatos y partidos opositores, que denunciaron el impacto del recorte en la educación superior, la ciencia nacional y el funcionamiento académico.
Los manifestantes exigieron el cumplimiento de una ley de financiación universitaria aprobada en 2025, mientras el oficialismo rechazó las acusaciones y defendió su política de equilibrio fiscal. Un informe del Ciicti alertó que el presupuesto universitario cayó a 0,428 % del PIB, su nivel más bajo desde 1989, profundizando la crisis educativa.